La UTE Actúa- 3RS Gestión ha presentado un recurso de nulidad contra la tramitación del multimillonario contrato de recogida de residuos y limpieza viaria y pide a la junta de gobierno que se invalide todo el procedimiento. En concreto, se remonta a la aprobación de los pliegos aprobados en mayo de 2020, con el argumento de que fijaron un precio de licitación que el presupuesto de Torrevieja no podía asumir en ese momento, ni ahora. La licitación contempla un gasto de 424 millones de euros en 15 años, 25 millones anuales. El recurso se presenta contra la aprobación de los pliegos realizada por la junta de gobierno, formada por el alcalde Eduardo Dolón y concejales del grupo de gobierno.
La UTE interviene con esta alegación justo cuando la mesa de contratación se disponía a valorar las ofertas técnica en este caso de Valoriza (Sacyr)-STV Gestión reactivara la tramitación después de que fuera aceptado su recurso por el Tribunal Central de Recursos Contractuales contra la suspensión del procedimiento acordada por el PP en diciembre pasado. En aquel momento el Ayuntamiento anunció la constitución de una empresa pública para prestar el servicio.
Según Actúa el expediente de contratación “adolece de vicios de nulidad de pleno derecho, que han de ser declarados antes de formalizar el contrato, para evitar la generación de daños irreparables tanto al interés público, como a las empresas interesadas en la prestación del servicio”. En concreto existe una infrafinanciación de más de seis millones de euros recogida en un informe de la interventora en octubre del año pasado, derivada del impacto de la crisis económica y sanitaria. Actúa-3RS no impugnó en su día la plica y participó en el procedimiento con la presentación de su oferta. Su oferta técnica aparece como la peor valorada de las presentadas en el informe elaborado por el ingenieron supervisor del contrato tendría pocas opciones en esa posición para conseguir el contrato cuando se abran las plicas con las ofertas económica.
Actúa pide que la junta de gobierno declarar esa nulidad, que requeriría informes de los técnicos municipales y del Consell Jurídic Consultiu, del acuerdo del acuerdo de junta de gobierno que aprobó los pliegos el 8 de mayo de 2020, pero con esta coletilla: “Subsidiariamente” si el Ayuntamiento no considera los motivos de alegación no son de nulidad de pleno derecho “sino de mera anulabilidad, como si considera que esta otra alternativa resulta más ágil y operativa, solicita que se proceda por parte Ayuntamiento de Torrevieja a tramitar y resolver conforme a derecho expediente de desistimiento del contrato, habida cuenta, tanto de los motivos de invalidez invocados en el presente escrito, como en las causas de interés público que justifican el desistimiento”. Actúa va más allá y recomienda que eñ Ayuntamiento “evalúe de manera suficientemente razonada las alternativas que existen en la actualidad ante la situación económica municipal, y se proceda a tramitar un expediente de contratación con plenitud de garantías, tanto en lo que se refiere a su validez como a su sostenibilidad”. También que , evite que una adjudicación desemboque en un “escenario de incertidumbre que ponga en riesgo la continuidad del servicio, y se exponga a promover modificaciones del contrato que serían ilícitas conforme a la legislación y jurisprudencia de la Unión Europa, abocando a un escenario de litigiosidad frontalmente contrario a la ejecución de un servicio público esencial”.
Si la junta de gobierno, con el alcalde Eduardo Dolón a la cabeza, acepta este recurso el único efecto que tendría sería reiniciar toda la tramitación, comenzando por una nueva elaboración de pliegos y permitir que Acciona pudiera continuar con la prestación del servicio, que realiza sin contrato desde junio de 2016 –ahora se han cumplido 5 años- y ha recibido cien millones de euros con informes en contra de la Intervención municipal desde entonces.
La Fiscalía Anticorrupción y un juzgado de Torrevieja están investigando los encargos sin contrato para reforzar la limpieza en la segunda mitad de 2019 ordenados por la edil de Contratación y Aseo Urbano, Carmen Gómez, investigada en el procedimiento. En esa misma denuncia se incorporaron, por su suspuesta irregularidad, los pliegos que ahora se recurren.
Actúa es una empresa surgida y vinculada al antiguo grupo de La Generala, que concursó en UTE con Acciona (antigua Necso) para adjudicarse el contrato de recogida de basuras en la ciudad en 2004. Poco después de iniciarse la prestación dejó la UTE. El servicio lo prestó Acciona durante diez años y dos años consecutivos de prórroga hasta la situación actual, en la que mantiene la prestación porque el Ayuntamiento no tiene alternativa a la hora de recoger las basuras, limpiar las calles y las playas, que recurrir a la empresa que realizaba el servicio con contrato. Al ser un servicio esencial el municipio sigue pagándolo pese a contar con los informes en contra, tanto del ingeniero supervisor, como de la intervención.
El Tribunal Superior Valenciano, en una sentencia confirmada por el Supremo, condenó al exalcalde Pedro Hernández (PP) a tres años de cárcel y 9 de inhabilitación por el amaño de la adjudicación de este servicio en 2004 a favor de la citada UTE. El contrato no se anuló porque la acusación de Los Verdes no lo pedía expresamente en su denuncia.
