Un allanamiento obliga a pagar dietas a 22 jurados por un juicio que no se ha llegado a celebrar

Un total de 22 jurados fueron convocados este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante para tratar de decidir si un acusado era culpable o no de un delito de allanamiento de morada en La Vila Joiosa. Un tribunal popular al que habrá que pagar dietas, aunque por lo menos se ha evitado hasta tres sesiones de juicio, que tenía una duración prevista de tres días. En el último momento, y tras haber estado negando los hechos, el acusado ha dado su visto a una conformidad y ha reconocido los hechos por los que se sentaba en el banquillo.

 Los hechos que se enjuiciaban ocurrieron el 16 de enero de 2021, después de que el acusado se hubiera colado en la casa de su expareja en el municipio de La Vila Joiosa, tras haber conseguido una copia de las llaves de la vivienda por medios que la investigación no consiguió desvelar. Se da la circunstancia de que el procesado también había amenazado de muerte a su ex en al menos dos ocasiones. La víctima denunció que esas amenazas se producían de manera continua, creándole un estado de temor y de desasosiego. Una de las principales pruebas del delito de allanamiento era el testimonio el propio hijo de la víctima, que le había sorprendido dentro de la casa el día de los hechos. A pesar de este testigo, el procesado negaba los hechos y se declaraba inocente del delito de allanamiento de jurado.

Cerca de 3.000 € para juzgar con un tribunal popular una presunta malversación de 118 € en Alicante

La Ley del Jurado establece en España que los delitos de allanamiento de morada son competencia del jurado popular, algo que ha provocado diversas reclamaciones por parte de juristas para reformar este texto y excluir este tipo de hecho de la competencia de los tribunales populares. Se valora el que se trata de juicios muy costosos, desviando recursos de la Administración de Justicia para otros ámbitos más necesitados.

Por este motivo, desde la Administración de Justicia se intenta resolver con una conformidad este tipo de procesos que eviten la constitución del jurado. En este proceso, desde la Audiencia se había intentado en varias ocasiones el cerrar un acuerdo, pero el acusado se había negado en banda. Finalmente, en el último momento, el acusado se ha mostrado favorable a llegar a un acuerdo, antes de que empezara el proceso para seleccionar al jurado. Aun así, un total de 22 candidatos a formar parte del tribunal popular se habían tenido que desplazar a la Audiencia. Por este motivo, pese al acuerdo, hay que pagarles una dieta de 33.50 euros más los gastos de desplazamiento. El procesado ha admitido los hechos y se ha conformado con 15 meses de prisión por el allanamiento, más trabajos en beneficio de la comunidad por las amenazas.