Admitió delante del juez que abusó de dos niñas y acosó a una mujer discapacitada. El sujeto, que responde a las iniciales J. J. G., trabajaba como conserje en la biblioteca del centro cívico de Santiago de la Ribera, en San Javier, cuando sucedieron los hechos. El día que fue detenido, en enero de 2017, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, expresaba "el rechazo y la condena del Ayuntamiento de San Javier hacia los hechos por los que ha sido detenido un empleado público". Ahora, casi cuatro años después de aquel arresto, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, ha dictado sentencia.

Tras su detención y paso por el Juzgado de Guardia de San Javier, el individuo ingresó en prisión preventiva, donde únicamente pasó 21 días. Salió tras abonar 10.000 euros de fianza.

Según se lee en el relato de hechos probados, este sujeto, que llevaba dos décadas en su puesto, se aprovechaba de menores que acudían al centro cívico para jugar a las cartas o conectarse a Internet, y lo hacía "aprovechándose de la cercanía con las menores y del tiempo que pasaban en el centro". Queda probado, y así lo reconoció el propio procesado, que a una de las niñas le envió hasta en siete ocasiones fotos suyas desnudo a su teléfono. A esta misma víctima, de 13 años en el momento de los hechos, le tocó las nalgas y le ofreció "dinero a cambio de dejarse tocar". Asimismo, pidió a la menor que le remitiese fotos de ella desnuda, algo que la víctima no hizo.

A la segunda menor, de 13 años de edad, la sometió a tocamientos en los genitales, los glúteos y el pecho, mientras que a la víctima mayor de edad, que contaba con una discapacidad del 65%, le mandó fotos de él desnudo y tocándose el pene. Ella, coaccionada, también llegó a enviarle al sujeto una foto sin ropa.

Los hechos descritos tenían lugar en la biblioteca del centro cívico, mientras que el hombre se encontraba trabajando.

El asunto judicial se saldó en una vista de conformidad, en la cual J. J. G. reconoció los hechos y fue condenado a dos años de cárcel por cada uno de los dos delitos de abuso sexual y a doce meses de multa con una cuota diaria de tres euros. Su defensa pidió que la pena de prisión fuese suspendida a cambio de una multa o de trabajos comunitarios, algo que aún no se ha decidido.