Año y medio después de la constitución del nuevo Gobierno del Botànic y casi un mes después de que el pleno del Consell diera el visto bueno a los reglamentos orgánicos y funcionales de las consellerias (la definición de la estructura administrativa), la pelea entre la Conselleria de Economía y Modelo Productivo y el departamento de Innovación a cuenta del control de los institutos tecnológicos se ha resuelto a favor del departamento que dirige Rafa Climent.
La recuperación a efectos jurídicos de la tutela de estos institutos ya se advirtió en la modificación del decreto de estructura de Presidencia publicado hace unas semanas, pero la letra pequeña de los Reglamentos de Organización y Funcionamiento (ROF) de ambas consellerias certifican la renuncia del equipo de Carolina Pascual a estas competencias. La Conselleria de Innovación fue una de las novedades del Botànic II, una apuesta personal del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cuya puesta en funcionamiento ha sido un camino lleno de obstáculos.
La batalla por el control de los institutos tecnológicos se arrastra desde el principio de la legislatura y ha vivido diversos capítulos de victorias y derrotas ya que ambos departamentos han estado todo este tiempo enzarzados con los reglamentos orgánicos y modificaciones puntuales de la ley de acompañamiento en busca de quedarse con esta competencia.
En un inicio, Innovación fue ganando posiciones en esta pelea, ya que fue el primer reglamento orgánico que se publicó, al tiempo que logró cambios legales para asignar a la Agencia Valenciana de Innovación (AVI) «la promoción de los enclaves tecnológicos». Los institutos tecnológicos son organismos de investigación privados sin ánimo de lucro cuyo objetivo es apoyar a las empresas, especialmente a las pymes, a impulsar su competitividad a través de la I+D+i. Sin embargo, el camino se torció en los presupuestos de 2020 cuando Economía apretó para quedarse con el grueso de las ayudas para la innovación, un asunto que estuvo a punto de provocar la dimisión de Carolina Pascual. A partir de ese momento, y tras la salida del anterior subsecretario, Innovación rebajó la presión.
Tal como publicó este diario, ya no hubo pugna por quedarse con estas ayudas en el proyecto de presupuestos de 2021 y ahora, tras el acuerdo del Consell, ha modificado su propio reglamento orgánicos de tal manera que tendrá las competencias de «coordinación en materia de innovación tecnológica de los Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana» pero ya no la «tutela» como quedaba asignada en el anterior ROF.
Además, se modifica el reglamento de la AVI para dejar claro que este organismo tendrá la promoción de los enclaves tecnológicos «en cuanto no afecten a las competencias asignadas a otros departamentos». El reglamento de Economía asigna al conseller la «dirección, tutela y supervisión en materia de innovación para la competitividad y modernización de las pequeñas y medianas empresas y áreas industriales, así como la coordinación y apoyo en materia de I+D+i empresarial de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana».
Otras pugnas
La pugna entre Economía e Innovación no ha sido la única que ha marcado el proceso de negociación de unos reglamentos que son importantes para el día a día de la gestión. Aunque el decreto de Presidencia sobre la estructura marcó a grandes rasgos el reparto competencial, había competencias que quedaron en tierra de nadie o bien, conforme la maquinaria administrativa ha ido avanzando, se ha visto la conveniencia de cambiar de lugar.
Según los documentos publicados ayer, (quedan pendientes de publicar Agricultura y Transparencia) hay direcciones generales que amplían su cometido, como es el caso de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adscrita a Hacienda, que se queda con las competencias administrativas en relación con el régimen de radiodifusión y televisión así como con la «planificación e innovación para la implementación de nuevas técnicas de organización e instrumentos de trabajo tendentes a la mejora y eficacia de la administración».
El ROF de la Conselleria de Justicia, por su parte, refleja la última reforma acometida por Gabriela Bravo. A efectos de reglamento, la subsecretaría queda reforzada, ya que absorbe las competencias de la Inspección de Servicios, las políticas sobre calidad de los servicios y simplificación administrativa tras desaparecer la dirección de Modernización de la Administración Pública.
