El personal funcionario de la Generalitat y sus altos cargos cobrarán en la última nómina del año, es decir, en el próximo mes de diciembre, el dinero correspondiente al incremento salarial del 2% aprobado por el Gobierno central para 2020 y que el Consell del Botànic todavía tenía pendiente de abonar. La decisión, que se adoptó ayer con el visto bueno de los sindicatos en la Mesa General de Función Pública, supondrá un desembolso de 153 millones de euros por parte de la Conselleria de Hacienda. Estos fondos estaban reservados en las cuentas públicas de este año, pero el retraso en su abono supone que ahora ese dinero deberá pagarse de golpe y no de forma paulatina a lo largo del ejercicio.
El Consell ha apurado al máximo los plazos para cumplir con un incremento al que estaba obligado por la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, pero que dejó en el aire cuando se declaró el estado de alarma en marzo. La subida salarial del 2% aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez para todo el personal funcionario iba a hacerse efectiva en marzo, pero la crisis mundial por la pandemia del coronavirus cambió las prioridades del Ejecutivo valenciano y su aplicación quedó «aparcada», según confirmaron en ese momento fuentes de la Conselleria de Hacienda. La mayoría de las comunidades ya la habían pagado en el primer trimestre y la valenciana es de las pocas que aún lo tiene pendiente.
Toda la plantilla de la Generalitat cobrarán de golpe todo lo que el Consell le adeuda, ya que la paga se ejecuta con carácter retroactivo, es decir, con efectos desde el uno de enero de 2020. Ello implica una abultada nómina de diciembre a la que, además, se añade la paga extraordinaria de Navidad.
El incremento afecta a todos los sectores: Administración del Consell, Educación, Sanidad y Justicia. Según una estimación, los funcionarios de menor nivel (conserje de una escuela) tendrán un plus de 273 euros, mientras un jefe de servicio puede acumular 1.089 euros por atrasos. Los miembros del Consell, por su parte, reforzarán su nómina con unos 1.300 euros en el caso del president y 1.123, en el de consellers.
El largo periplo para la ejecución de este obligado incremento hace que se pague en un momento delicado: en medio de una pandemia y después de un ejercicio con un confinamiento de por medio que trajo un sobreesfuerzo en colectivos funcionariales concretos, pero también un parón en el ámbito burocrático.
Con todo, esta subida salarial ha traído controversia al denunciar el PP que también se aplicará a los altos cargos, algo que viene siendo habitual todos los ejercicios y en todas las comunidades, pero coincide con una época complicada.
Cabe recordar que otras instituciones como las Cortes iniciaron el trámite para el incremento de ese 2% antes de la pandemia, por lo que desde el primer trimestre del año todos los diputados y diputadas disfrutan de esa subida. En su día, algunos grupos como Ciudadanos y el PP anunciaron que renunciarían al incremento, si bien las Cortes alegaron motivos técnicos para no hacerlo y se optó por hacer donaciones a entidades sociales al descontarse el plus por asistencias a comisiones y plenos.
Según la web de las Cortes, el PP donó 14.000 euros correspondientes al ejercicio de la función de mitad del mes de marzo y el mes de abril y Ciudadanos 13.008 (más la aportación particular de 1.500 euros del diputado Vicente Martínez a Cáritas). El PSPV certifica una donación de 10.000 euros al Instituto Carlos III y otra de 14. 000 a la Generalitat. Ni Unides Podem (que en su momento se sumó a la renuncia verbal) ni Compromís dan cuenta de donación alguna.
Pendiente la subida del 0,9%
Para 2021 está pendiente un incremento del 0,9%, una subida que el Consell aún no ha decidido si aplicará o no a los altos cargos. Varias comunidades ya han anunciado que sólo se aplicará a la plantilla. Con todo, lo cierto es que los presupuestos de la Generalitat plasman la subida del 2% para el Consell y altos cargos, pero establecen en el articulado que no habrá incremento.
En todo caso, el debate continuará vivo ya que el acuerdo del Consell debe ser aprobado por el pleno mediante un decreto ley y este tendrá que ser convalidado en Cortes.
Por otro lado, la Mesa General dio luz verde ayer al reparto del 0,3 adicional de la masa salarial para mejorar las retribuciones de los colectivos menos favorecidos. Son más de 16 millones, de los cuáles 11 son para personal de la Generalitat y 4, 9 para sector público. Van destinados a corregir desequilibrios como la brecha salarial.
