Miles de alicantinos han recibido en los últimos días un mensaje a través de las redes sociales en el que se les anima a desafiar el toque de queda, salir a protestar a la calle e incumplir las normas de protección contra el covid. El texto, que conmina a quien lo lea, si no quiere quedar como un sumiso o un cobarde, nada menos que a «cambiar el mundo», por la «libertad del pueblo por nosotros y por sus hijos (sic)», es una traducción mecánica y esperpéntica de los que deben circular en estos días por toda Europa, lanzados por miles de robots puestos en línea por vete tú a saber qué grupo o qué país interesado en desestabilizar a la sociedad utilizando a los más incautos, o los más jóvenes, como carne de cañón. Son varias las ciudades, tanto en España como en otros países, en los que ya se han producido algaradas. Es burdo. Pero la sinrazón se extiende con gran rapidez.
Sostiene el filósofo Daniel Innerarity, en una frase que ha hecho fortuna, que «los políticos pueden menos de lo que parece y los científicos saben menos de lo que creemos». Seguramente es cierto. Pero el problema viene cuando los políticos hacen menos de lo que pueden y a los científicos les escuchamos menos de lo que debemos. El mayor o menor éxito de los enloquecidos llamamientos al desorden que envenenan internet está en relación directa con la falta de firmeza y de transparencia de nuestros gobernantes a la hora de tomar decisiones y con la ausencia del más mínimo esfuerzo pedagógico al exponerlas.
Los políticos pueden menos de lo que parece. Es cierto. Y tienen que ponderar muchísimos elementos antes de adoptar en estos momentos tan difíciles cualquier resolución. Pero es, además de injustificable, sonrojante que un presidente del Gobierno no acuda a defender al Parlamento una declaración de Estado de Alarma, como ha hecho esta semana Pedro Sánchez. No se me ocurren muchas cosas más importantes entre los deberes de un primer ministro que ésta, y sin embargo Sánchez decidió no dar la cara. Como también es incomprensible y vergonzoso, además de resultar un peligro para la salud (física, mental y económica) de todos los ciudadanos que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya hecho emblema de su actuación política el pasarse por el forro cualquier norma, alentando además un populismo inadmisible. Si el Estado de Alarma no merece defensa por parte de quien lo dicta y el toque de queda o los confinamientos pueden incumplirse a capricho del gobierno autonómico que te caiga en desgracia, ¿entonces qué razones van a tener quienes no quieren cumplir con ninguna prevención para refrenarse?
Los expertos no pueden dictar la política y es verdad, siguiendo a Innerarity, que saben menos de lo que creemos. Esa es la esencia de la ciencia: avanzar mediante la prueba y el error. Pero también es cierto que se han equivocado hasta aquí bastante menos de lo que ahora está de moda decir. En enero ya avisaban muchos que lo que venía de Wuhan podía ser catastrófico, pero no se les atendió. En febrero, alertaban de que la presión sobre los hospitales crecería exponencialmente hasta hacerlos desbordar y que el confinamiento domiciliario era la única medida viable para frenar la expansión del virus. Encerrar a las personas suponía bloquear la economía, así que se prefirió escuchar a los que comparaban este virus con el de la gripe común o abogaban por la inmunidad de rebaño. En marzo, hubo que parar el mundo. En junio reabrimos como si nada hubiera pasado, a pesar de que se advertía de que esto estaba lejos de acabar. En julio, mientras dirigentes de todos los países, no sólo de España, hablaban de un pequeño repunte, los epidemiólogos informaban de que venía una segunda ola. En agosto, ya nos ahogaba en España y en septiembre empezó a anegar el resto de Europa. Y ahora, winter is coming. Se acerca el invierno, sobre el que también nos han venido alertando. El número de contagios registrados a diario es mayor que el que se contabilizaba cuando se decretó la cuarentena, aunque por fortuna la letalidad de momento es menor. Y los científicos apuestan por un nuevo encierro, antes de que se produzca otra vez el colapso. Un encierro más breve, de veinte días y no de tres meses: los expertos también han aprendido a contrapesar salud y economía, al fin y al cabo ellos, como los demás, dependen de un sueldo. Pero en lugar de eso, lo que estamos es inventando modalidades que, dañando también la producción del país, encima no se acaban de entender, como los «confinamientos perimetrales», en cuya eficacia ni siquiera confían quienes los aprueban. ¿Estaremos dentro de dos semanas, o de un mes, volviendo a meter a la gente en sus casas? Es posible. Pero si es así, una vez más habremos actuado con retraso, lo que significa que ya no bastarán veinte días y el daño será mayor.
Incluso los sectores más perjudicados han llegado al punto de reclamar mayor contundencia en las medidas que se adoptan. Lo exponían en este periódico ayer representantes de la hostelería, el ocio y el comercio, que preferían un cierre total ahora que la interminable agonía a la que se están viendo abocados. Un nuevo confinamiento casi completo, como ha hecho Francia, pero con ayudas directas para que cuando este se levante queden negocios que puedan reabrir, porque con este si es no es en el que llevamos meses nadie puede sobrevivir. Y menos cuando esas ayudas directas no acaban de concretarse, al contrario de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno.
El problema es que en Madrid no gobierna Ayuso sino Miguel Ángel Rodríguez y en Moncloa, al parecer, tampoco manda Sánchez, sino Iván Redondo. En el artículo del que extraje la frase a la que antes hacía referencia sobre el poder de los políticos y el saber de los expertos, Innerarity abomina de hacer, de estos últimos, dioses, cuya palabra es la ley. Alerta, y con razón, del gobierno de los tecnócratas. Pero aún me parece más perverso el de los asesores y su tropa de tertulianos bien pagados y a los que nadie nunca votó.
Unos nuevos presupuestos al fin
Vienen tiempos «muy duros» otra vez. Y entrecomillo el calificativo porque así me los definió un importante político esta misma semana. En algunas cosas, vamos a tener mejores armas para combatirlos. Como es tradición, gobiernen rojos o azules, los presupuestos generales del Estado han vuelto a castigar a Alicante, sin que ni el Consell ni los diputados de esta circunscripción hayan protestado porque la que fue (ahora no sabemos dónde está) quinta provincia de España en aportación al PIB sea la sexta por la cola en inversión por habitante. Pero al menos, va a haber presupuestos. Y esa es una buena noticia porque un bloqueo de los mismos habría podido significar una catástrofe en la recepción de los miles de millones que la Unión Europea va a poner para que nuestra economía (y la del resto de socios) no se desmorone. También se han presentado los presupuestos de la Generalitat, los mayores de la historia en línea con la peor situación que jamás se haya vivido desde la recuperación de la autonomía. Por primera vez se superan los 25.000 millones de euros. Y aunque la infrafinanciación que ha sufrido históricamente la Comunidad Valenciana tiene reflejo en el hecho de que el pago de los créditos, como contaba este periódico ayer, se convierte en la segunda «conselleria» con mayor dotación (casi siete mil millones de euros suma el servicio de la deuda), son unos buenos presupuestos, en los que las políticas sociales y las que tienen que ver con el fomento de la economía experimentan un formidable refuerzo y en los que, al contrario que en los nacionales, Alicante sí recibe lo que por población le corresponde y ve cómo la inversión prevista para 2021 crece más que ningún año. También hay una apuesta decidida por el sostenimiento del sector turístico, pero la magnitud de su desplome (más de 11.000 millones de pérdidas sólo en Alicante) y la posibilidad de que, tras perder la campaña de 2020, también pierda entera la de 2021, hacen temer que nada sea suficiente para evitar la debacle si no hay pronto una vacuna. Y ésta tardará.
Pero más allá de ver despejado el camino para tener presupuestos, tanto en Madrid como en València, imprescindibles para afrontar lo que tenemos por delante, hay demasiadas cosas que no se han hecho y que nos seguirán lastrando. Los dirigentes políticos no han conseguido una mínima unidad de acción que haga efectivas las medidas, no confunda a los ciudadanos y no deje el campo abierto a los populismos. El Congreso de los Diputados ha seguido siendo un sitio donde los líderes sólo a van a vencer, jamás a convencer, y que ha olvidado su función principal: la de legislar. No hemos producido las leyes necesarias para que las medidas que se adopten, de una gravedad inédita porque inédita es la situación, tengan soporte jurídico suficiente.
Tampoco, por supuesto, hemos creado el más mínimo mecanismo para coordinar políticas, ni hemos asentado el principio básico para que cualquier engranaje de ese tipo funcione: la lealtad institucional. Lo que hemos hecho es inventar (a los asesores se les da muy bien) pomposas palabras, como cogobernanza. La pusieron de moda en junio y ya casi nadie se atreve a utilizarla. Porque la pervirtieron enseguida para que cogobernanza significara, no que todas las administraciones fueran solidariamente responsables en el marco de sus competencias, sino que todas tuvieran aún más facilidades para pasarse el muerto (por desgracia, nunca mejor dicho) entre ellas.
Tampoco hemos contratado todos los sanitarios que decían que iban a emplear. Ni hemos habilitado aplicaciones de rastreo que funcionaran y que, una vez más, fueran asumidas por el Gobierno central y los autonómicos, todos a una. Se han hecho cosas bien, por supuesto. La primera respuesta a la crisis fue muy diferente a la que vivimos en la de 2008 en lo social y lo económico. Pero herramientas como la de los ERTE se acaban y no sabemos qué es lo que viene después. Porque nadie lo explica. Hay mucho discurso macroeconómico, mucha economía verde y mucha apuesta digital en cada comparecencia. ¿Pero alguien, a izquierda o derecha, le está explicando al que sale del ERTE y teme entrar en un ERE qué va a pasar con él?
La falta de conciencia
Se pide responsabilidad a la ciudadanía. Y es lo básico. El virus no se contagia de administración en administración, aunque la deficiente gestión de éstas sea su principal aliado, sino de persona a persona. Las medidas para limitar su propagación son relativamente sencillas (mascarilla, distancia, higiene...), pero implican algunas renuncias. Y vivimos en sociedades -las del baby boom en adelante- poco acostumbradas a ello. Para los chavales de 1918, la pandemia de gripe que causó la mayor mortandad en tiempos modernos no era la principal preocupación: estaban siendo enviados a unas horribles trincheras para morir de un balazo o asfixiados sin saber ni siquiera por qué. Para muchos ahora, resistirse a salir con los amigos parece una exigencia intolerable y estúpida. Pero no son los jóvenes el mayor problema: somos los adultos. Nosotros somos los que renunciamos a educar. Y también a dar ejemplo: la media de edad de uno de los botellones disuelto en Alicante era de 45 años. O sea, que allí estaban, en alegre compadreo, todas las generaciones: hijos, padres y abuelos. Por no hablar de esos ministros y líderes políticos que se dejaron esta semana fotografiar departiendo sin protección. Si fuéramos capaces de asumir, no ya un poco de disciplina, sino un mínimo de conciencia social, no harían falta ni confinamientos perimetrales, ni enclaustramientos, aunque fueran de veinte días. Y, sin embargo, siendo capital para eso la pedagogía, es en lo que menos se invierte. Las administraciones ponen anuncios para recordar las prohibiciones, pero no vemos suficientes campañas razonando los porqués. Tampoco los líderes políticos o sociales, o los intelectuales, hacen el suficiente hincapié. Hemos hecho con el virus lo mismo que veníamos haciendo con los hijos: considerar que la educación de los mismos no era cosa nuestra, sino del colegio. Y son los maestros, otra vez, los únicos que parecen tener obligación de impartir lecciones sobre responsabilidad en esta pandemia. No es justo que les hayan dejado solos de nuevo en esta misión. Ni tampoco es una batalla que por sí mismos puedan ganar. Para vencer esta conjura perversa que tiene su más gráfico exponente en ese macarrónico mensaje equiparando no llevar mascarilla con salvar al mundo del que les hablaba al principio, es necesario antes de nada que todos dejemos de comportarnos como unos necios. Los gobiernos, los primeros. Pero los demás, también.
