Iryna (prefiere que no se conozca su apellido) asegura estar viviendo un calvario después de llevar dos años desempleada y encontrarse con que la denegación de ayudas para subsistir. La peor noticia le llegó hace unos días cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones le notificó que su solicitud de Ingreso Mínimo Vital había sido denegada porque supuestamente supera los límites patrimoniales tanto los de ella como los que conviven en la unidad familiar. Sin embargo, ella vive sola, ahora en Elche, y sólo dispone de una vivienda, un piso que era de una entidad bancaria y adquirió hace cuatro años por 10.000 euros en Aspe, según explica a INFORMACIÓN. La afectada ha escrito una reclamación previa a la vía jurisdiccional contra esta desestimación porque una de las cláusulas de la prestación indica que «se considera patrimonio la suma de los activos no societarios, sin incluir la vivienda habitual». Sin embargo, asegura que no tiene ningún capital y desde los últimos meses no obtiene ingresos, ya que desde el 30 de junio dejó de percibir la Renta Activa de Inclusión. Días después de quedarse sin la ayuda solicitó el IMV y cuatro meses después se ha encontrado con que la administración no le reconoce la prestación.

Iryna es bielorrusa y abandonó su país hace veinte años por la inestabilidad. Como refugiada política se afincó en Madrid para seguir ejerciendo como agente comercial hasta que sus condiciones económicas no le permitieron seguir en la capital y se instaló en Elche para seguir trabajando. Vive en el piso de su hija, que ahora está fuera del municipio, para poder estar más cerca de su otro hijo, que reside en Carrús con su mujer y tiene un alto grado de discapacidad.

De esa manera intenta atenderlo como puede y se evita los contínuos desplazamientos desde Aspe. Explica que ha intentado justificar de mil formas que lo único de lo que dispone es de un piso en propiedad, tal y como muestra un informe de Hacienda, y desde el Registro de la Propiedad le han tasado su vivienda, que tiene un valor catastral de 25.000 euros, por lo que tampoco se corresponde con los 42.000 euros que la administración alega que tiene como bienes patrimoniales.

Por ahora está esperando a que le contesten a la reclamación que presentó aunque teme que la situación sanitaria por el covid-19 dificulte que el trámite se responda en tiempo y forma. La última vía a la que podría aferrarse sería la de presentar un recurso por silencio administrativo, «pero cómo puedo presentarme si no tengo ni para comer, ¿cómo voy a pagar un abogado?, me pregunto, ¿quién ha hecho este expediente?, no puedo poner cifras al cielo y denegar, somos personas, porque justo ponen la ley por un lado y después se contradicen», reprocha.

El 15 de julio también solicitó la ayuda de la Renta Valenciana de Inclusión, sin resolución hasta el momento, y teme que tampoco le concedan la ayuda porque al ser complementaria con el Ingreso Mínimo Vital antes tendría que resolverse el por qué se denegó la petición , lo que podría acarrear más retraso, apunta.

El día a día de Iryna es el de mandar a diario su currículum vitae para intentar encontrar un trabajo pronto pero duda que a su edad encuentre una empresa que la contrate. Agradece de igual forma a una agrupación parroquial que le ha facilitado un móvil y una tarjeta con tarifa de internet porque no puede costeárselo y necesita buscar empleo por esta vía.

«Ni puedo comprarle pienso a mi perro»

Iryna asegura que está en una situación límite ya que no tienen ningún tipo de apoyo familiar. Está recurriendo a comedores sociales para poder alimentarse y por ahora el Ayuntamiento le ha permitido una ayuda para afrontar el pago de facturas de la luz y el agua, ya que está recibiendo llamadas de las compañías por retraso en el pago. Una de las cosas que más le duele es que tampoco pueda mantener a su perro, que no puede comprarle pienso, por lo que tiene que compartir su alimento con la mascota porque le dolería mucho tener que llevarlo a una protectora.