La sobrecarga de trabajo que arrastra el juzgado especializado en abusos bancarios de Alicante ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a solicitar nuevos refuerzos de personal para este órgano que, a pesar de los esfuerzos realizados y de las medidas adoptadas para agilizar los procesos, aún acumula miles de causas por resolver. Una situación que los propios responsables del juzgado achacan al enorme volumen de demandas presentadas desde que se puso en marcha este servicio en junio de 2017 -más de 18.000-, pero también «a la falta de medios personales y materiales o el retraso en su asignación».

De esta forma, la sala de gobierno del TSJ acordó en su última reunión solicitar que se mantengan las medidas de apoyo vigentes en este momento, que suponen que sigan en este juzgado los tres jueces sustitutos y otros dos en comisión de servicio actuales, además de su titular. Pero, además, desde el TSJ reclaman a la Conselleria de Justicia que «valore el aumento de dotación del número de funcionarios de refuerzo», para situarlo acorde «al número de magistrados que ejercen el refuerzo».

Al respecto, desde el juzgado recuerdan que, por mucho que los jueces traten de acelerar los procesos, resulta imposible sin el personal que debe incorporar la documentación al sistema realizar las notificaciones y el resto de trámites que exigen estos procesos. Un trabajo que en estos momentos se reparten 19 funcionarios, una cifra que consideran demasiado baja y ponen como ejemplo los 26 con que cuenta el juzgado especializado de Valencia, que solo registra una carga de trabajo ligeramente superior a Alicante e, incluso, algunos años, como 2018, recibió menos demandas, según las estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial.

Segundas residencias

Además del importante peso poblacional de la propia provincia -la quinta de España por número de residentes-, el volumen de asuntos del juzgado de cláusulas suelo se ha visto incrementado por el gran número de segundas residencias de la zona, que también suelen contar con hipotecas, lo que ha supuesto un flujo adicional de casos que no se da en otras partes del país, según explican desde el órgano especializado, que también reconocen el impacto de los meses del estado de alarma, que paralizó la actividad.

No obstante, señalan que durante el tercer trimestre, con las vistas previas por videoconferencia o, incluso, la supresión de este paso -siempre que las dos partes estén de acuerdo-, se logró una tasa de resolución del 235%. Es decir, se resolvieron más del doble de casos de los que ingresaron, por encima del 166% de tasa de resolución media en el conjunto del país, o del 188% del conjunto de la Comunidad. Esto permitió que el volumen de demandas pendientes descendiera desde las 8.550 del segundo trimestre a 7.862 al cierre del tercero.

Igualmente, desde el juzgado rebajan el tiempo medio de resolución de los casos y aseguran que solo en situaciones puntuales se están superando los dos años, frente a lo que sostienen los abogados especializados en abusos bancarios. Así, señalan que en estos momentos se están celebrando las vistas de las demandas presentadas en el primer trimestre del año pasado y que se empiezan a despachar también los del segundo trimestre de ese ejercicio.

En cualquier caso, unos plazos que juegan a favor de la banca, ya que estos periodos tan prolongados suelen desanimar a los posibles demandantes, según lamentan los bufetes especializados, de ahí que la mayoría de entidades rechace llegar a acuerdos previos con sus clientes, a pesar de que saben que una vez en los tribunales tienen todas las de perder. Basta con observar las estadísticas. En el caso del juzgado de cláusulas suelo de Alicante, más del 98% de las sentencias emitidas son estimatorias, lo que significa que le dan la razón al consumidor total o parcialmente. Y los porcentajes son similares en todas las provincias. De hecho, solo en Zaragoza esta cifra baja del 90%, según datos del CGPJ.

Ahora está por ver si la Conselleria atiende la petición lanzada por el TSJ ya que, según apuntan fuentes judiciales, el año pasado ya se solicitó más personal, pero los refuerzos nunca llegaron.

GASTOS Y COMISIÓN DE APERTURA, NUEVOS CABALLOS DE BATALLA


Los bufetes especializados en abusos bancarios auguran una nueva ola de demandas en los próximos meses vinculada a la reclamación de los gastos de constitución y, sobre todo, de la comisión de apertura y los intereses de demora. Unas demandas a las que se sumarán aquellos que llegaron a un acuerdo con el banco para deshacerse de la cláusula suelo, que pueden reclamar lo que abonaron de más antes de la firma de ese acuerdo.