A pesar de las continuas advertencias sobre la viabilidad del sistema público de pensiones, los alicantinos tampoco acaban de confiar en los planes privados para la jubilación. La falta de atractivo de este tipo de productos, sobre todo por el hecho de no disponer del dinero en el momento que se desee, y la escasa capacidad de ahorro de la mayoría de las familias provoca que desde hace ya algunos años el número de nuevas contrataciones no sea suficiente para cubrir las bajas que se producen por aquellos que llegan a la edad de jubilación y, por tanto, pasan de realizar aportaciones a recibirlas.
Así, sólo el año pasado el número de partícipes de planes de pensiones privados individuales se redujo en más de 5.000 en el conjunto de la provincia, al pasar de 268.580 a 263.350, y desde el año 2015 la caída ya supera los 43.000, según los datos del Observatorio Inverco, la organización que agrupa a las principales gestoras. Una situación que se repite en todo el país y que la patronal del sector teme que se agudice a partir del próximo año, si sale adelante la reforma que el Gobierno ha incluido en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que rebajará de 8.000 a 2.000 euros el importe máximo que los contribuyentes pueden deducirse en su declaración de la renta por las aportaciones a sus pensiones privadas individuales.
Como contrapartida, el Ejecutivo aumenta hasta 10.000 euros el límite para las aportaciones a los denominados sistemas de empleo, es decir, los planes contratados de forma colectiva para los trabajadores de una empresa, con la intención de fomentar esta fórmula. Un movimiento que el sector reclamaba desde hace tiempo para potenciar la contratación de pensiones privadas, aunque no tal y como lo prevé el Gobierno. Para empezar, porque lo deja al albur de la negociación colectiva en lugar de instaurar la obligación de que todas las empresas deban ofrecer a sus empleados la posibilidad de adherirse a unos de estos planes, como ocurre en el Reino Unido. «En las negociaciones entre empresa y sindicatos siempre habrá otras prioridades, como las subidas salariales, y más en un momento como el actual», señala el director de Estudios del Observatorio Inverco, José Luis Manrique. Pero, sobre todo, las gestoras no entienden que, para incentivar una modalidad, se desincentive la otra. Especialmente porque, como señala Manrique, «entre autónomos, trabajadores temporales y trabajadores a tiempo parcial, se quedan fuera el 56% de los ocupados españoles».
En cualquier caso, el propio director de Estudios reconoce las carencias del actual sistema, donde de los 7,5 millones de españoles que tienen un plan, sólo 2,5 millones, es decir, un tercio, realiza una aportación regular. El resto lo contrató en su día -muchos de ellos, de forma conjunta con la hipoteca o con algún otro producto bancario- realizó el desembolso inicial, pero ya no ha vuelto a ingresar más dinero, lo que provoca que los importes ahorrados sean escasos. Una situación especialmente sangrante en la provincia, donde el patrimonio medio de los planes apenas es de 7.404 euros, uno de los más bajos del país, frente a la media de 10.623 euros o los 15.733 de Navarra, el más elevado.
Sin embargo, Manrique también señala que lo habitual es que los ingresos se vuelvan más abultados y regulares a medida que se aproxima la edad de jubilación, una práctica que se desincentiva con el nuevo límite del Gobierno. En cualquier caso, lo que también se prevé es que los ciudadanos traten de aprovechar esta última oportunidad antes del cambio de fiscalidad, por lo que este año se espera un mayor volumen de aportaciones de lo habitual, lo que ha llevado a que las entidades multipliquen sus ofertas para tratar de captar ese ahorro.
Hasta un 5% en efectivo, pero con letra pequeña
Los expertos alertan de que muchas de las ofertas de los bancos incluyen largos periodos de permanencia
La previsión de que este año los ahorradores realicen mayores aportaciones a sus planes de pensiones, antes de la bajada de las desgravaciones que plantea el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, y la caída que se augura a partir del próximo ejercicio ha llevado a las entidades financieras y gestoras a echar el resto para captar negocio antes de que acabe 2020. Así, se han generalizado las ofertas que remuneran los traspasos de planes de otras entidades con hasta un 4% y un 5% de la cantidad transferida en efectivo, aunque, como advierte Antonio Gallardo, de iAhorro, se trata de ofertas «con mucha letra pequeña, que hay que leer».
«Estas elevadas remuneraciones suelen exigir también largos plazos de permanencia y no siempre compensa. Aún más si se tienen en cuenta que las comisiones que se pagan en España por los planes de pensiones son muy altas, en ocasiones superan el 2% anual», señala Gallardo. Además, el experto manifiesta que ahora mismo es más necesario que nunca echar cuentas, ya que, como recuerda, a partir de 2024 entra en vigor la modificación que permitirá retirar las aportaciones realizadas que superen los 10 años de antigüedad.
«Con los plazos que se exigen, es muy posible que un ahorrador se encuentre ese año con que ya puede sacar el dinero legalmente, pero no puede hacerlo por la permanencia que ha firmado con el banco», apunta el responsable de iAhorro. En este sentido, hay bancos que exigen hasta ocho años de permanencia para alcanzar la remuneración máxima prometida.
