La concejala de Acción Social en el Ayuntamiento de Alicante, Julia Llopis, asegura que las personas en situación de extrema vulnerabilidad que solicitan citas en los Servicios Sociales y que no pueden ser atendidas hasta dentro de un tiempo, «son derivadas a otras entidades». Pero este diario ha hablado con varias de ellas que no recibirán su primera atención hasta septiembre de 2021, un emplazamiento que se les ha concedido a peticiones realizadas vía online, sin que ningún profesional les haya entrevistado u ofrecido algún tipo de asesoramiento. Profesionales de este recurso municipal corroboran los testimonios de las solicitantes.
Esta es la realidad de quienes acuden a un centro social como vía para mejorar su situación actual en Alicante. Lo hacen para solicitar alimentos, ayudas para el comedor escolar u otros asuntos relacionados con información sobre los distintos recursos de los que pueden disponer. Pero se les cita para dentro de varios meses.
El caso de Anais es uno de ellos. Envuelta en una situación complicada, esta mujer decide apoyarse en los profesionales públicos de Servicios Sociales. Nunca antes lo había hecho. El once de noviembre, tras solicitar su cita, recibió el papel que indicaba el día que ésta tendría lugar: uno de septiembre del 2021.
Esta mujer tiene un hijo de tres años y actualmente vive con su madre y la pareja de ella. Cuenta que no tiene trabajo porque se encuentra en situación irregular en el país y la pandemia le cierra las oportunidades con las que podría contar. Su hijo va a un centro educativo y, su principal ambición, además de conseguir información para mejorar su situación actual, era conseguir la beca para el comedor. «Me dijeron que en Servicios Sociales igual me podrían ayudar a conseguirla», explica la madre. Todavía no ha recibido atención, así que no ha podido pagar el comedor del colegio. Por el momento, recibe alimentos en una entidad social a la que su madre le aconsejó que fuera. «Cuando llegué a Cruz Roja me dijeron que primero debía ser atendida en Servicios Sociales, pero les enseñé para cuándo era mi cita y me atendieron ellos. Me están dando alimentos», cuenta. La madre de Anais ha sido citada para julio del año que viene. «Vamos al día, tenemos que esperar. No lo estamos pasando bien», añade.
Andreina tiene un problema similar, aunque con tres hijos a su cargo. «Estaba sin comida, desesperada por encontrar ayuda. Mis conocidos me orientaron, me dijeron que hablara con la trabajadora social de un centro para que le contara mi situación», explica. Según cuenta, para pedir la cita, le solicitaron el empadronamiento, y como en ese momento, en agosto, no lo tenía, volvió a pedirla en octubre, después de conseguirlo. Le han dado cita para el 15 de marzo. «Pedí por favor que me ayudaran porque no tenía ni para el pago del alquiler, y su respuesta fue que hay muchas familias así desde que empezó la pandemia, que no podían ayudarme ahora», señala Andreina.
«Sé que mi caso no será diferente al de otras personas», señala esta joven al tiempo que reconoce sentirse «triste y decepcionada». «Vivo llena de miedo y desesperación porque cada primero de mes debo pagar el alquiler, si no me voy a la calle. Y eso y pensar en que tus hijos no pasen necesidades...», reconoce.
Otra solicitante, Rixi, tenía empleo pero lo perdió cuando llegó la cuarentena. Trabajaba por horas en un bar que dejó de necesitarle cuando la pandemia pisó España. No tiene ahorros y precisa conocer los recursos de los que dispone. Para solventar su situación, tiene la cita en un centro social, el Isla de Cuba, para el 12 de julio del próximo año. «Si se pide esta atención es porque se necesita, que no pueda ir hasta verano me parece mucho tiempo», critica. Por el momento, vive en casa de unos amigos y recibe alimentos en una entidad social.
«Muchas veces se acude a Servicios Sociales porque no se tienen las necesidades básicas cubiertas», explica Elena Fernández, trabajadora social de uno de estos centros en Alicante. «Si no se da una cita hasta septiembre, si ya se tiene una situación precaria, ésta aumentará», sostiene la profesional. «Las familias que intentan contactar con nosotros han aumentado», añade sobre la situación con la que se encuentran desde el inicio de la pandemia.
Esta trabajadora social, como denuncia el resto del colectivo, asegura que la situación actual va a empeorar todavía más con la finalización de contratos que se va a dar el 31 de diciembre, cuando 80 profesionales dejarán de trabajar para la Concejalía de Acción Social con el argumento de la no existencia de una continuidad de la subvención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que desde hace años se interrumpen estos contratos al terminar el año y, habitualmente, se reanuden bien entrado el siguiente -el año pasado fue en el mes de abril-. «Con la enorme demanda que hay de los recursos que ofrecemos, ¿cómo no se les ocurre a los políticos encontrar una solución para que la gente no cese?», critica Fernández.
Los profesionales del sector, que tenían previsto leer un escrito en el último pleno del Ayuntamiento de Alicante pero finalmente no pudieron hacerlo, quieren destacar la presión a la que se ve sometido el personal de Acción Social al no poder dar una respuesta adecuada a la población que atienden: «genera un estrés emocional y laboral difícil de soportar».
El personal de los centros sociales sufrirá 80 despidos
Un total de 80 trabajadores terminarán sus contratos el 31 de diciembre en los distintos centros sociales de Alicante. Estos contratos están asignados a la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante aunque su continuidad depende de una cuantía autonómica que aporta la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión. En los últimos seis años consecutivos, estos contratos, en los que principalmente se encuentran psicólogos y trabajadores sociales, finalizan en diciembre y no es hasta unos meses después cuando se reanudan -el año pasado fue en el mes de abril-. El personal de Servicios Sociales lleva semanas manifestándose para conseguir la estabilidad de la plantilla y la de los usuarios, que, según aseguran, contarán con listas de espera todavía más largas de las que sufren ahora.
