Una década, aunque también se podría decir una época, ha pasado desde que la entonces alcaldesa de Alicante por el PP Sonia Castedo se presentó en los juzgados de Benalúa para pedir al juez que estaba investigando los supuestos amaños del PGOU, el magistrado Manrique Tejada, que la imputara. Viendo lo que estaba cayendo a su alrededor, la primera edil quería saber qué había contra ella para poder defenderse.
En esa ocasión, corría octubre de 2010, no lo consiguió, pero justo dos años después, en el mismo mes de 2012, vio su petición atendida y era el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el que la citaba a declarar como imputada dada su condición de aforada al sumar al cargo de regidora el de diputada autonómica.
Y vaya si declaró. De hecho, aquella comparecencia debió pasar a los anales de la historia como una de las más extensas del TSJ. Tres días estuvo respondiendo a las preguntas de las partes Castedo quien, no contenta con ello, a los pocos meses volvió a solicitar declarar de nuevo. Y así lo acordó Juan Climent, el instructor en el TSJ, desde donde el asunto se remitió a Alicante una vez perdieron su aforamiento, tras dimitir como diputados, tanto ella como su antecesor en la Alcaldía y también acusado Luis Díaz Alperi.
A lo largo de estos años la exregidora no solo ha dado siempre la cara sino que parecía que hacía gala de ello. Este viernes, en cambio, cuando por fin el juicio por estos hechos quedaba visto para sentencia, Castedo volteó la cabeza evitando que los reporteros gráficos pudieran captar su imagen sentada en el banquillo de los acusados. Actitud que contrasta con las facilidades que ha dado a estos mismos profesionales cuando a lo largo de esta larga vista oral las fotografías se han tomado en la calle, a su llegada o salida de la Audiencia.
El cambio se produce después de que durante tres días se hayan escuchado en sala las conversaciones intervenidas al también acusado Enrique Ortiz. Pinchazos cuyo contenido, a la espera de que el tribunal decida el valor probatorio que les da, justificarían por si solos, más que volver la cabeza, no levantar la vista del suelo. No solo la exalcaldesa sino todos los intervinientes.
Ayer las defensas de Ortiz y de los socios de Salvetti, los letrados Francisco Ruiz Marco y Bernardo del Rosal, hablaron en sus informes finales de la realidad, del Código Penal y de que no siempre caminan parejos. Y es cierto. Por ello, el reto de tribunal consiste en ahondar en este enmarañado proceso y, escarbando entre las certezas a las que haya llegado durante el juicio y las dudas sembradas por las defensas, la verdad acabe dando la cara.
