El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la contratación en una primera tanda de 80 técnicos y auxiliares que serán adscritos a los equipos sociales de base para acelerar las tramitaciones de expedientes de la Conselleria de Igualdad de la Generalitat, como las ayudas de la Renta Valenciana de Inclusión y de dependencia.

Según señala en un comunicado, el Ayuntamiento ha arbitrado una vía provisional para disponer de recursos con los que abonar las nóminas de estos nuevos funcionarios interinos hasta que el Consell ponga a disposición municipal la subvención por valor de 4,6 millones de euros con los que cubrir estas necesidades. Esta contratación especial de personal se ha aprobado esta mañana en la Junta de Gobierno.

El equipo de gobierno tiene la esperanza de que la Generalitat libre esos 4,6 millones de subvención con destino a Alicante para el mes de junio, como lo ha hecho en años anteriores.

Mientras tanto, el Consistorio alicantino ha arbitrado una solución provisional a costa de sus propios presupuestos para volver a contratar los técnicos que tramitan los informes, entre otras cosas, de la renta valenciana de inclusión o de la ley de dependencia.

La edil de Acción Social, Julia Llopis, ha arbitrado esta solución provisional para evitar el bloqueo que sufría la tramitación de expedientes al no estar la subvención de la Generalitat destinada a la contratación de este personal.

"Hemos articulado una partida económica de nuestros propios presupuestos, una vez informada favorablemente por Intervención, para una primera contratación de 80 personas, pero esperamos que la Generalitat acelere la subvención para no perjudicar las cuestas del Ayuntamiento al tener que cubrir con nuestros presupuestos la contratación que debería pagar el Consell desde el 1 de enero. Espero -ha señalado la edil - que para el próximo año ya esté resuelto el problema y que la Generalitat nos ingrese la subvención a fecha 1 de enero".

La Generalitat Valenciana tiene la competencia exclusiva sobre los servicios sociales, la ayuda a menores, jóvenes, emigrantes, tercera edad, personas con discapacidad y otros grupos necesitados. Pero el Consell deriva a los Ayuntamientos parte del trabajo administrativo para hacer realidad tales ayudas, lo que coloca a las Corporaciones locales al borde del colapso, afirman fuentes municipales.

Con la generación de crédito por valor de 2.699.304,42 euros, el equipo de gobierno local abre una vía temporal para acelerar las tramitaciones de los expedientes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas hasta que la Generalitat abone la subvención prometida.

Compromís

El edil de Compromís Rafael Mas ha sido el primero en reaccionar a esta noticia. "Nos acabamos de enterar de que por fin el Ayuntamiento de Alicante va a contratar a 80 trabajadores y trabajadoras para el área de Acción Social, esos que fueron despedidos a 31 de diciembre provocando el colapso de los servicios sociales. Y la pregunta es ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿Es cuestión de aporofobia, de rechazo a las personas empobrecidas o es cuestión de cinismo y utilizar a los más vulnerables para hacer guerra política contra el Botànic? Creo que la concejala de Acción Social se debería plantear muy seriamente dimitir".

Podemos

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en Alicante, Xavier López, lamenta que el Ayuntamiento no haya resuelto este problema mucho antes ya que "otros municipios como València, desde el primer momento han adelantado el dinero para mantener al personal de servicios sociales, y así nos habríamos ahorrado este espectáculo de la concejala Julia Llopis, el colapso en la tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión y el perjuicio de las alicantinas y alicantinos". El edil hace estas declaraciones después de que el Ayuntamiento haya anunciado la apertura de una bolsa de trabajo para la contratación de 80 trabajadoras y trabajadores de Acción Social, insistiendo en que el 31 de diciembre despidieron a 67 profesionales del área alegando el fin de la subvención de 2019 de la Conselleria de Políticas Inclusivas y la tardanza en recibir el de 2020.

Por ello, López se felicita por el cambio de postura de la edil Julia Llopis y del bipartito, ya que desde la coalición de izquierdas argumentan que "la emergencia social debe ser una prioridad absoluta y este bloqueo que han ejercido contra las políticas sociales del Botànic" no sabemos cuanto ha hecho aumentar el número de expedientes esperando ser resueltos en nuestro municipio, que ya se contaban por más de 2.000 antes de navidades".

Así, Xavier López, exige ahora también al gobierno de Barcala que la incorporación del nuevo personal de servicios sociales vaya destinado también a tramitar las ayudas de emergencia habitacional de la Conselleria de Vivenda. "Los alicantinos no pueden ser valencianos de segunda y no se les puede seguir cercionando el derecho a acceder a unas ayudas destinadas a personas en riesgo de perdida de su vivienda, precisamente el colectivo más vulnerable".